A fines del 2011, los flaman­tes 18 propietarios del edificio Pacamarca, ubi­cado en la cuadra uno de la calle del mismo nom­bre, en la urbanización Maranga, San Miguel, esperaban sonrientes esa Navi­dad. La vida y sus muchos esfuerzos y sacrificios harían que esa fecha especial sea distinta, pues la celebrarían en su nueva casa propia −o su departamento, para ser más exactos−, en un edificio recién construido, con ascensor, coche­ras, y rodeado de una feliz belleza.

Salvo algunas semanas de retraso en la fecha de entrega, una que otra fuga en la cañería de la cocina, una de las puertas del clóset mal en­cuadrada, ningún vecino tuvo mayor problema con la constructora Chun­gui & Tomás Asesoría y Construcción S.A.C., propietaria del proyecto. Su representante legal y cara visible de la empresa, el abogado Flodímedes Chungui, terminaba solucionando los reclamos de los nuevos propietarios.

Los problemas de verdad comenza­ron cuando la empresa constructora dilataba, sin razón aparente, la inde­pendización de los departamentos, proceso que convierte al comprador, final y realmente, en due­ño de la propiedad que pagó, pues este trámite culmina con la inscripción in­dividualizada en los Registros Públicos. 

Es así que un buen día, el señor Chungui convoca a una reunión de vecinos donde anuncia y explica que todos deben firmar una “minuta aclaratoria”, que se adjuntará a la minuta inicial de compraventa que ya se había firmado meses atrás. Para entonces muchos de los compradores ya habían tomado po­sesión y vivían en el edificio. La razón que la constructora dio para firmar este nuevo trámite fue la siguiente: “Sólo es para corregir la numeración del frontis y precisar el orden de las cocheras que adquirieron los nuevos propietarios”. No parecía un problema mayor, pero aquí vino la trampa.

No obstante, ante la presión y el apu­ro de la constructora y la buena fe de los compradores, la mayoría firmó sin sospechar siquiera que estaban ante una gran estafa. Un suspicaz vecino se tomó la molestia de revisar la partida registral y cotejar­la con la minuta de compraventa que firmó inicialmente, y grande fue su sor­presa cuando detectó que en realidad habían aceptado un departa­mento entre 8 y 10 metros menos de lo que realmente pagaron. 

Es decir, el constructor ofreció, vendió y cobró por departa­mentos con un metraje; pero los inscribió en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con menos de hasta en diez metros de lo pactado, enga­ñando así a compradores, a la Sunarp, a los bancos que intervinieron en las transacciones y a la municipalidad.

Considerando que el m2 en la zona está cotizado a US$ 1,200 y que son 18 departamentos los afectados, hay un estimado de 160 metros que la cons­tructora ha cobrado y no ha entregado. En dinero, son casi 200 mil dólares de beneficio ilícito.

CONTRA EL PROVEEDOR 

Indecopi puede sancionar hasta con 60 UIT, pero el monto se determina por la gravedad de la afectación personal, eco­nómica, moral, de integridad física que pueda demostrar el consumidor denun­ciante. También se calcula el beneficio ilícito, que es la ganancia que obtuvo el proveedor por cometer la infracción y, finalmente, se toma en cuenta la conduc­ta del proveedor a lo largo del proceso.

POR EL CONSUMIDOR

Indecopi tiene facultades para sancio­nar al proveedor y ordenar medidas correctivas que reviertan los efectos de conducta infractora. Es decir, se or­denará que se pague al consumidor el metraje que no ha recibido. Este tipo de denuncia en el rubro de Construc­ción e Inmobiliaria es muy común al igual que las cocheras demasiado pe­queñas o el incumplimiento en la fe­cha de entrega de los departamentos. En este caso, Indecopi ordena que se pague al consumidor lo que ha inver­tido en alquiler.

ES MUY FÁCIL DENUNCIAR

Indecopi tiene dos vías para hacer res­petar los derechos de cualquier ciu­dadano. La primera es gratuita y rápi­da, estamos hablando del Servicio de Atención al Ciudadano. Aquí promo­vemos una conciliación. Juntamos a proveedor y consumidor y vemos que lleguen a un acuerdo. El 60% de casos que nos llegan se resuelven así.

La segunda vía es la denuncia, que puede ser un proceso sumarísimo de solo 30 días si el monto en cuestión es menor de 11 mil soles. Cuando es mayor a ese monto, el proceso no debe pasar de los 120 días hábiles. Para po­der entablar una denuncia se hace un pago único de 36 soles, no se necesita un abogado, hay formatos establecidos y se puede acceder a asesoría gratuita e inmediata de un funcionario de Inde­copi. Solo hay que adjuntar la mayor cantidad de documentación que apor­te como medios probatorios respecto de lo que se está denunciando.