“Si pagan, construyen; si no pagan, no construyen”, nos dice Teófilo Mitma montado en un caballo color caramelo que le ayuda a arrear su ganado. Más allá, Blácido Solis nos reafirma que no se mueven de ahí hasta que no les paguen la justa retribución por ceder sus tierras. Ellos pisan un terreno inmenso, agreste, duro, que se encuentra a cerca de 4 mil metros de altura, al sur de la Región Ayacucho, Provincia de Lucanas, la capital de la vicuña, y que ve pasar las aguas del río Iruro. Teófilo Mitma, junto con otras 5 familias, tienen posesión ancestral de la zona, donde pastan sus carneros, vacas y, por supuesto, vicuñas 

En ese territorio se construirá una enorme represa de agua, con canales que llevarán el líquido elemento no solo a Lucanas, sino a pueblos de Arequipa como Bella unión, Acarí, etc, cuyas actividades principales son la agricultura y ganadería. Debido a su importancia, el denominado ‘Proyecto Acarí – Bella Unión II Etapa de la construcción de la represa Iruro’ fue declarado de “necesidad pública y prioridad nacional” por el Congreso de la República, ya que además venía siendo postergado desde la década de los 80, cuando el terrorismo impidió su ejecución.

El Ministerio de Agricultura, a través del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), asumió el proyecto con un presupuesto de 95 millones de soles, firmando un convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho para que se encargue de la elaboración del expediente técnico y otorgue los respectivos títulos de propiedad a las familias posesionarias a fin de que puedan negociar su expropiación. La licitación para la construcción la obtiene la empresa Aldesa y se da inicio a una obra tan esperada como importante para la sierra sur del Perú. Todo quedaba listo, pero los problemas no tardarían en aparecer… 

Así como Teófilo Mitma, ninguna de las familias ha recibido el dinero correspondiente por sus terrenos como parte del saneamiento físico legal. Tampoco han recibido sus títulos de propiedad y por ello no pueden inscribir sus tierras en Registros Públicos. Luego de casi un año de firmado el contrato, y sintiendo un desinterés del Estado en solucionar su situación, ellos decidieron impedir la continuidad de los trabajos levantando muros de piedras en los caminos y accesos al terreno. La empresa Aldesa paralizó la construcción de inmediato y comenzó la ronda de culpas entre los responsables.

El ingeniero Pedro Valencia Sulca es el Director de infraestructura de Riego del PSI. Lo buscamos y, según él, la paralización de las obras es injustificada y asegura con total convicción haber constatado que no hay rechazo a la ejecución de la obra por parte de los propietarios. Incluso nos muestra un acta firmada por algunos de ellos donde acuerdan dar facilidades a la continuidad de las obras. Luego de ese acuerdo, el PSI ha cursando una carta notarial a Aldesa indicando que debe retomar los trabajos en el breve plazo porque los motivos para la paralización no son justificados y no puede hacerse de manera unilateral.  

Pero esta versión definitivamente está bastante alejada de la realidad, según pudimos comprobar, pues nosotros viajamos a la zona y la oposición por parte de los propietarios es evidente, verificable y todo Lucanas está al tanto.

El abogado César Elías García, conocido como ‘Tito’ y perteneciente a una de las familias, aunque nunca nos mencionó ese pequeño detalle, asesora a un grupo de propietarios y afirma actuar en defensa de los intereses de quienes están afiliados a la confederación Sindical de Trabajadores del Perú, del cual es vicepresidente. “En este caso vienen siendo vulnerados los derechos de los pobladores de Lucanas, hemos recurrido a diferentes instancias del Estado para que intervengan en defensa de estos pobladores”, afirma Tito. 

A lo que se refiere es que, bajo el membrete de su sindicato ha enviado cartas a diversos congresistas, quienes a su vez han oficiado a organismos como Cofide, Contraloría, etc., ha denunciado a Aldesa ante el Ministerio de Trabajo, ha inscrito la propiedad como “Fundo Iruro” ante Registros Públicos, ha incluido nuevos propietarios que son los hijos, nietos, sobrinos y compradores que sumados pasan el medio centenar, ha coordinado el aumento del monto de compra que era de mil a 5 mil dólares por hectárea y ha añadido otros puntos de negociación. “Podemos llegar a un precio intermedio pero en compensación se podría dar terrenos en la parte baja de Bella Union y Acarí. Esas tierras son del estado y se les puede dar a las familias; finalmente la plata se acaba” nos dice Tito en la misma sede del Sindicato, en Pueblo Libre.

Tito es claro en sus alegatos y lo reafirma en una carta de fecha 31 de julio último, dirigida al alcalde de Lucanas, donde en vista del incumplimiento en los pagos a los propietarios comunican que “hemos tomado un acuerdo en conjunto de paralizar la obra hasta que se realice el pago de nuestras tierras. Damos un plazo de 48 horas para que la empresa ejecutora se retire de nuestras tierras”, se lee textualmente en el documento. Esta carta es refrendada por algunos representantes de las familias que Elías dice representar.

Como si no fuera suficiente con todo este fuego cruzado, aparece un nuevo elemento: El expediente desarrollado por la gobernación a través del PRIDER (Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural) presenta deficiencias técnicas. Para muchos, esta es la madre del cordero pues de ahí se origina una serie de problemas que se han evidenciado al momento de ejecutarse la obra.  

“Tiene algunas deficiencias (el expediente) que son propias del desarrollo de la ejecución. Definitivamente afectan pero dentro de la normativa de ejecución de una obra se contemplan este tipo de cosas. Toda obra que suele tener sus adicionales y modificaciones y el marco legal lo contempla. Esto genera un gasto adicional pero eso también está contemplado”, afirma el ingeniero Valencia del PSI.

El alcalde Quispe tiene la misma idea, pero añade además que Aldesa ha recibido adelantos de pago, aunque el PSI afirma tener las cartas fianzas que garantiza estos adelantos y que podrían ejecutarse a favor del Estado en caso de incumplimiento por parte de la empresa. Aldesa, según el PSI, ha avanzado tan solo un 13.5% de la obra y ha buscado excusas fastidiando a los propietarios para que ellos reaccionen. “Los propietarios han estado haciéndole un favor a esta empresa y eso no se hace con su pueblo”, afirma.

En todo este fuego cruzado, los únicos perjudicados son los pueblos que llevan más de 30 años esperando esta represa que traerá agua a sus vidas. ¿Cómo desenredar este rollo? Esa es la gran pregunta. No hay quien coja las riendas, un liderazgo firme que saque adelante el tema o voluntad política para retomar el camino correcto. Lo único que queda claro, es que hay muchísimo por hacer y Ayacucho y Arequipa siguen esperando su represa.

En el tema de Iruro hay una suma de ineficiencias. No se puede empezar una obra si no se ha saneado el terreno, pues cuando se pretende hacerlo con la obra en marcha se expone a todo tipo de arbitrariedades. La titulación es una obligación del Estado y ese es un problema que se repite a nivel nacional; en este caso, si ya se sabe que el terreno pertenece a esas familias y que hay derecho de posesión, lo más inteligente es regularizar vía una prescripción adquisitiva y luego ir a una expropiación donde el justiprecio no lo establece el dueño como se le ocurre, sino termina estableciéndolo el juez basado en una tasación, para que no sea arbitrario ni injusto y nadie se aproveche de su condición. Pero acá se ha hecho todo mal, ya cuando estás en una situación como esta, el camino que te queda es la negociación directa; pero si tampoco quieren hacer eso porque no hay forma de explicar o justificar el pago de unas tierras, ya que no se puede demostrar a quién le pertenece, entonces se convierte en el juego del huevo y la gallina. El Estado está a tiempo de corregir esto, caso contrario va a tener que pagar mucho más de lo que debería solo por inútil, por ineficaz". Asimismo, la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el caso Belaúnde Lossio nos aclaró el rumor que vincula a la empresa Aldesa con el ex amigo presidencial. "No lo tengo en mi radar (el vínculo), pero en este caso lo que importa es que se le pague el justiprecio a los propietarios y que la obra se concluya para el beneficio de todos.

La empresa de origen español, Aldesa, encargada de la construcción de la represa, dio su versión a través de su representante, el ingeniero José Conchillo. “Aldesa ha cumplido con todo lo estipulado en el contrato, el problema es que ya en el terreno nos encontramos con una serie de situaciones que no figuraban en el expediente técnico. Luego está el tema de las familias posesionarias que no nos permiten avanzar y esa no es nuestra responsabilidad. Sin embargo tenemos toda la voluntad de continuar las obras y terminar la represa en los plazos establecidos. Estas situaciones son ajenas a nosotros y en cuanto se corrijan retomaremos de inmediato la construcción. Sí hemos recibido los adelantos correspondientes pero están garantizados con 2 cartas fianzas por el mismo monto, que en caso de incumplimiento podrían ejecutarse y seríamos los primeros perjudicados, pero no hemos incumplido y apenas se resuelvan los problemas retomaremos la obra.