Más que hablar de privilegiar se sebe hablar de ponderar. Lo que en Derecho Constitucional se llama “test de ponderación constitucional”. Es decir, la existencia de derechos constitucionales en conflicto en un caso concreto, como son los derechos de participación política consagrados en el inciso 17 del Artículo 2 de la Constitución, que dice “…toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada (mediante partidos políticos) en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección de sus autoridades”. Este inciso 17 se concuerda con el artículo 31 de la misma Carta Magna que señala que “…los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos” y, lo más importante, “tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo a las condiciones y procedimientos…” 

La misma Constitución consagra también que la “inscripción de los partidos políticos en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos...” Aquí, en este caso, están en ponderación los derechos de participación política en forma individual, en forma asociada y la participación también de las organizaciones políticas, partidos. Por su puesto que la Constitución se refiere al funcionamiento democrático de las organizaciones políticas.

El JEE actúa conforme a ley, porque la el partido Todos Por el Perú (de Julio Guzmán) está inscrito, tiene partida registral en el ROP (ahora llamada Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas). La misma Constitución señala que su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Este debe concordarse conforme a la Ley 28094. Es decir el Artículo 11 de esta ley referida a los efectos de la inscripción, que se complementa con la Constitución, precisa que “la inscripción en el ROP le otorga personería jurídica al partido político y, además, señala que “los partidos políticos con inscripción vigente pueden presentar candidatos a todo cargo de elección popular. Por eso, con anterioridad he dicho a la prensa que el mencionado partido político sí está inscrito.

El problema es que el indicado partido ha modificado sus estatutos, y en esa modificación estatutaria ha considerado a su consejo ejecutivo, a su órgano de dirección y también a su tribunal nacional electoral encargado de ver el proceso de elección para los candidatos presidenciales.

Lo que se ha ventilado en el JNE no es la inscripción del partido que está inscrito, sino la inscripción de las modificaciones estatutarias y en estas se señala cuál va a ser el nuevo consejo ejecutivo nacional y cuál va a ser el tribunal nacional electoral que se va a encargar de la elección de los candidatos. Lo que ha ocurrido que esta modificación es que ha sido presentada con posterioridad al cierre de las inscripciones en el ROP, al igual que la subsanación. Por eso es que el ROP que no le permitió realizar las anotaciones correspondientes. Este tema ha subido en apelación e incluye los temas de la inscripción de las modificaciones estatutarias que implica la elección de la junta directiva y de su tribunal nacional electoral. Y ahí es que se da un voto en mayoría y un voto en minoría.

El voto en mayoría dice sí está bien el ROP porque no se han respetado los plazos y la subsanación fue presentada con fecha posterior y, por tanto, confirmamos la resolución del ROP. Hay otro voto en minoría que hace un análisis más constitucional sobre el derecho de participación política y como lo señala el reglamento del propio del JNE que exige que el tribunal electoral del partido debe estar inscrito en el ROP.

A nivel del JNE solo se ha visto el tema administrativo sobre la inscripción de las modificaciones estatutarias, no se ha visto el tema de la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial. Pero como el reglamento del JNE exige que la inscripción de la fórmula presidencial debe partir del tribunal nacional electoral, de acuerdo a los reglamentos del JNE, no se calificó esa lista. Esa fue la situación. Ha sido un hecho circunstancial, coyuntural.

Porque cuando solicitan la inscripción solamente teníamos un acta de democracia interna del tribunal nacional electoral. No había ningún otro documento; no había el acta de asamblea de elección de este tribunal de los candidatos elegidos ni el acta de subsanación a las observaciones que hizo el ROP. Porque no había esos documentos, por eso fue que lo solicitamos.  

Hay que considerar que el reglamento del JNE hace ver de que la inscripción del tribunal nacional electoral es constitutivo; es decir, no existe si es que no está registrado y esto es un argumento que señalamos en muestra resolución. A propósito decimos que el sistema registral peruano no es constitutivo sino es un sistema registral declarativo para efectos de otorgar publicidad a los actos jurídicos y oponer el derecho a terceros. Acá el partido tiene su acta de elección de los candidatos presidenciales y además de un acta de subsanación.

Es decir, hay actos jurídicos cuya validez no se cuestiona porque ninguno de los afiliados de Todos por el Perú, que en realidad serían los perjudicados por la llamada democracia interna, (argumento que también hemos subrayado en nuestra resolución) porque ninguno de ellos ha presentado acción de impugnación a los actos. Entonces, no hay vulneración a la democracia interna porque esta es para cautelar que la autonomía de la voluntad del partido político sea conforme a la voluntad de sus asociados. Y esto es un argumento que lo ha considerado el voto en minoría del pleno del JNE, que nosotros recogemos.

Los actos jurídicos son válidos mientras no haya una resolución judicial o administrativa en contrario. En este caso sobre las actas en mención no existe ninguna resolución judicial o administrativa que diga esta acta es nula. Y por lo tanto el documento tiene validez. Lo que sí debemos decir y para los posteriores procesos es que debe modificarse la legislación electoral para que la democracia, la llamada organización de la democracia interna de los partidos políticos sea obligatoria con personal de fiscalización del JNE, Onpe o, en todo caso, con un notarios que le de legalidad al acto de asamblea y que también dé fecha cierta al acto de asamblea de afiliados. Lamentablemente no existe en la Ley de Partidos Políticos una disposición de esa naturaleza.

Porque está más en consonancia con esta solicitud de inscripción de esta solicitud el partido solicita ejercer su derecho de participación política. En cambio en el tema administrativo, en la vía administrativa el partido lo que estaba solicitando es la inscripción de su modificación Estatutaria. Por supuesto que como el reglamento de inscripción de listas presidenciales señala que para inscribir la fórmula presidencial se requiere que esté inscrito el tribunal nacional electoral en el ROP, entonces el voto en mayoría lo que ha hecho es aplicar el reglamento del propio JNE de inscripción de listas presidenciales. Pero el voto en minoría acoge más el derecho de participación política y también el principio de jerarquía normativa que s los que hemos hecho nosotros, que está vigente en el Artículo 138 de la Constitución.  

Cuando existe conflicto entre la Carta Magna y la ley, se privilegia la Constitución. Cuando existe conflicto entre la ley y el reglamento, se privilegia la ley. Y en este caso particular la Ley del Partidos Políticos señala que con su inscripción tiene personería jurídica y puede solicitar la inscripción de candidatos a todo cargo de elección popular.

Pero, a nivel jurisdiccional, no. Lo que se toma en este aspecto son los criterios jurisdiccionales. Entonces, tan criterio jurisdiccional es el voto en mayoría como el voto en minoría.

Nosotros consideramos que esta semana debe culminarse el tema de las tachas incluyendo a nivel del Jurado Nacional de elecciones, porque nosotros nos estaremos pronunciando el día martes. Y bueno si hay apelación o en contra sube al JNE y en función al principio de celeridad también el pleno se estará pronunciando con celeridad.

Eso va a ser más rápido. Ya se ha realizado los descargos, incluso el informe oral y estamos viendo la aplicación de la Ley 30414 que es también es un tema controvertido en tanto esta ley de organizaciones políticas que modifica a la Ley de Partidos Políticos, está vigente a partir del 17 de enero del año en curso, posterior a la convocatoria a este proceso eleccionario que se realiza con fecha 14 de noviembre. Lo ideal –y eso lo discutió el JNE frente al Congreso de la República- es que una vez convocado el proceso electoral los ciudadanos, los candidatos sepan cuál va a ser el contexto jurídico que se le va a aplicar. Sin embargo, es norma se emitió el 17 de enero.  

Y ahí también hay un conflicto constitucional porque la Carta magna señala que las normas se aplican al día siguiente de su publicación. E incluso a las consecuencia de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y acá, en particular, se trataría de un hecho nuevo, porque hay una infracción que señala el Artículo 42 que proscribe la entrega de dinero, regalos o dádivas a los ciudadanos con fines de campaña proselitista.

Estamos viendo, porque de alguna forma ha sido materia de alguna forma de pronunciamiento del JNE porque este oficio a la Onpe y a los jurados electorales especiales a fin de aplicar el artículo 42. No hay que olvidar de que las leyes son un conjunto de normas; por lo menos para el JNE queda claro que la norma del Artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas modificado, es de aplicación inmediata. Y por eso es que la Onpe, que es competente para imponer sanción de multa ya ha iniciado el procedimiento sancionador.

Mire quien habla es un juez superior de Lima magistrado de carrera. Es decir yo estoy acá por mérito propio. He empezado mi carrera desde juez de paz letrado, soy magistrado con vocación por el servicio de administración de justicia. He estado en Lima, en el Callao, en Lima este; he sido fiscal provincial penal de Pisco ocho años de mi vida, demostrando mi vocación de servicio. Y ahora estoy como juez superior de Lima, elegido por unanimidad por la sala plena de la Corte Superior de Justicia de Lima.  

Digo que los jueces no tenemos amigos, y un buen juez tampoco se deja presionar y quienes me conocen saben que no me pueden presionarme ni que yo me dejo presionar. Entonces nosotros administramos justicia y lo dice la Constitución; y un juez tiene convicciones propias, jurídicas, éticas y sociales.

Nada, señor, quiero rechazar tajantemente cualquier tipo de presión, sea política o de cualquier otro tipo. Es más quien inicio el procedimiento de neutralidad política contra el presidente Ollanta Humala, fui yo, y quien llamó la atención al señor Presidente de la República fui yo. Hasta hubo una reunión de consejo de ministros para rechazar mi procedimiento por invocarle neutralidad al señor Presidente. Ustedes creen que habiendo yo solicitado al jefe del Estado que cumpla el principio de neutralidad consagrado en la Constitución y en la ley Orgánica de Elecciones voy a tener algún tipo de afinidad? ¡Por favor!  

Quiero aclarar también que mi señor padre es el presidente del Tribunal Constitucional. Se dice que de alguna forma mi padre fue apoyado por el oficialismo, pero nada más ajeno a la verdad. Porque mi padre tuvo la más alta votación congresal para ser elegido magistrado del TC. Fueron 122 votos congresales que lo llevaron a ejercer la más alta magistratura del país. Esto significa que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo para que mi padre ejerza la magistratura. Quien hable totalmente autónomo e independiente que responde a sus convicciones, y si me puedo equivocar pido las disculpas del caso.