Lo que prevalece en el imaginario colectivo es la imagen del señor Luis Cervantes Liñan, rector de la UIGV, justificando su sueldo de más de 2 millones de soles mensuales. Para muchos, más allá de ser una grosería de plata, tenía justificación en que corresponde al ámbito privado y por ello nada se puede hacer al respecto. Sin embargo, la UIGV es en realidad una sociedad civil sin fines de lucro, fundada el 21 de diciembre de 1964, y así se ha mantenido hasta la fecha.  

Esto significa que, entre otras cosas, la Universidad solo persigue fines educativos, no tiene socios y por tanto no genera utilidades o ganancias. El excedente de los ingresos contra los gastos, se deben destinar a la reinversión de la misma casa de estudios, repotenciándola permanentemente.

Este estatus se vio en peligro en enero del 2013, cuando algunos trabajadores se percataron de que en el rectorado se planificaba cambiar la naturaleza de la universidad, ahora sí, a la de Sociedad Anónima, es decir una empresa privada, con todo lo que ello involucraba y, sobre todo, acceso a las ansiadas utilidades.

“Esto lo descubre un muchacho que, haciendo una revisión técnica de rutina al sistema, encontró un plan detallado para convertir a la UIGV en una sociedad comercial. Esto estaba ya redactado y para la firma del mismo Cervantes. De inmediato copió los documentos y me los mostró. Llamamos al doctor Lucas Lavado, que era el Gerente General de la universidad para que tome las medidas correspondientes”, señala Juan Carlos Martínez Murillo, quien fuera asesor de la oficina de Economía.

Efectivamente, el documento especifica que “se recomienda ir modificando ó derogando la normatividad vigente del estatuto y del reglamento general de la universidad y adecuándola para una progresiva transformación de asociación civil a sociedad anónima cerrada”. Esto estaba acompañado de la resolución N° 0036-2013-CU-UIGV del 14 de enero del 2013, que resuelve “Aprobar el Organigrama Estructural General Administrativo de la UIGV”, lo que constituye uno de los primeros pasos señalados en el plan de Cervantes.

No se trata de un documento que pudo haberlo hecho cualquiera, por el contrario, en el acta de Sesión ordinaria de Consejo Universitario del 14 de enero de 2013, el mismo Cervantes da lectura como segundo punto a informar “presenta la nueva estructura orgánica de la universidad, siendo aprobado por unanimidad. (Resolución nº 0036-2013-cu-uigv)”, entre otros.

Quedaba clara la intención de Cervantes, con lo cual él seguramente pasaría a ser parte del accionariado de esta sociedad y por ende dueño de la misma. Es así que el doctor Lucas Lavado, Gerente General de la UIGV, profesor principal con más de 40 años trabajando al servicio de esta institución, se sintió en la obligación de defender la naturaleza de la misma. Mediante cartas N° 092 y 097 solicitó al Rector que le haga llegar las resoluciones N° 036, 037 y 038, sustentando que “esto entraña responsabilidad funcional, toda vez que la Gerencia General está implicada en estas resoluciones”.

Las cartas nunca fueron respondidas. Lavado denuncia a Cervantes el 7 de febrero del 2013 ante la séptima fiscalía de prevención del delito por las gravísimas irregularidades que iba encontrando, desde los cambios normativos internos hasta los cambios organizativos. Él, por ejemplo, como Gerente General debía tener asiento en el Consejo Universitario, pero fue excluido.

No fue la única exclusión. Como quiera que el hecho se convirtió en un escándalo dentro de la universidad y produjo una auditoría interna inmediata, Cervantes tuvo que recular no sin antes desatar toda su furia contra un grupo sindical conformado por Elmer Aníbal Virú Alarcón, Zoila Amparo Reyes, Karin Rosario Balbuena Domínguez, Rosana Cruz Alejo, William Toribio Paredes Salazar, Alexander Roque Carlos, quienes le enviaron la Carta N° 021-2013-STNDEUIGV donde mostraban su preocupación por la famosa resolución N° 036 y las intenciones que llevaba.

Cervantes en respuesta a esa carta, inició un proceso en la 52° fiscalía provincial penal de Lima, por los presuntos delitos contra la fe pública-falsedad genérica y falsificación de documento privado y uso de documento privado falso. En este proceso también incluyen al doctor Lucas Lavado porque suponen que fue él quien elaboró y entregó la Resolución N° 036, generando un cisma dentro de la institución. “La investigación lo que está probando es que los libros de actas de la Universidad demuestran un vacío en el correlativo de esas tres resoluciones, no están, la han borrado. Pero lo que han hecho es mostrar una fotocopia inexistente de los libros de actas, no los originales porque no pudieron exhibirlos ante los tribunales. Lo increíble es que han hecho la pericia de una copia que a su vez es copia del documento original”, sostiene el doctor Lucas.

Para él, está claro que este proceso es solo parte de un acoso del que viene siendo víctima por parte de la UIGV, puesto que no es el único. Un mes después de que el Dr. Lucas denuncia estas irregularidades ante la fiscalía y detiene la intención de Cervantes de convertir a la UIGV en una empresa privada, es despedido de la casa de estudios donde laboró por más de 40 años.

Para ello intentaron primero comprar su silencio aumentándole el sueldo de S/ 5,700 soles a S/ 20 mil soles mensuales sin razón alguna. Lavado hizo las observaciones correspondientes y recibió su despido como respuesta. Los cargos que le imputaron los pudo superar en un proceso judicial que duró 2 años y que terminó en la Corte Suprema, quien ordenó su reposición inmediata. Pero solo duró 3 meses, puesto que luego de ese tiempo lo volvieron a despedir pero esta vez ya sin ningún cargo. Sencillamente le cerraron las puertas sin ninguna explicación.

En mayo del 2014, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) dispuso la intervención de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y suspendió en sus funciones al rector y vicerrector Luis Cervantes Liñán y Jorge Lazo Manrique, respectivamente. Por medio de la resolución 0789-2014-ANR, también se declaró "en situación de graves irregularidades académicas y administrativas" a la referida universidad. Asimismo, estableció la conformación de una Comisión de Orden y Gestión para la UIGV por el plazo de seis meses, la misma que estaría presidida por Freddy Aponte Guerrero e integrada por Elva Acevedo Velásquez y Edgar Díaz Zúñiga. 

El día que la comisión iba a hacer su ingreso a la Universidad, se encontraban en la puerta muchos profesores víctimas de la gestión Liñán que, además, habían denunciado muchas irregularidades dentro de la casa de estudios. La intervención fue pacífica y ellos, con la esperanza de que por fin las cosas se corregirían, no querían perderse ningún detalle, casi como presenciar un triunfo histórico. Es así que, mientras la Comisión realizaba su función, ellos se tomaron un selfie, una fotografía grupal, en el mismo patio de la Universidad.

Poco duró el gusto. El juez Ricardo Chang Racuay, titular del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, anuló toda la investigación de la Comisión de Educación del Congreso sobre las presuntas irregularidades durante la gestión de Luis Cervantes Liñán como rector de la UIGV, tras declarar fundada en parte la demanda de acción de amparo interpuesta por él. Esto bajo el argumento que se había vulnerado el debido proceso. Además, ordenó reponer “todas las cosas a su estado anterior a la violación de los derechos constitucional del demandante” y exhortó a la Comisión de Educación del Parlamento “sujetar su actuar de acuerdo a la Constitución, el reglamento del Congreso y la jurisprudencia vinculante”. Increíble.

Pero la cosa no quedó ahí. La furia de Cervantes no encontró límites. Es así que, una vez repuesto en su cargo, lo primero que hizo fue empezar una cacería de brujas, para lo cual inició un proceso judicial en contra de todas las personas que aparecían en el selfie del patio aquella vez de la intervención. El supuesto delito es “disturbios y apropiación ilícita” en contra de la universidad. La jugada fue redonda para Cervantes, además, porque la intervención de la ANR cortó la investigación que venía realizando el Congreso de la República, y al tumbársela mediante la Acción de Amparo, se bajaba a dos pájaros de un tiro. Una jugada maestra.

El profesor José Ochoa se veía desempeñando como docente nombrado de la UIGV durante 30 años. En diciembre del 2011 le solicitó a Cervantes Liñán, mediante carta notarial, los estados financieros de la Universidad. Sucede que el rector, en las asambleas que convocó, nunca presentó estados de cuenta de la Universidad y solo informaba de manera general lo que había construido o comprado. Lo que hizo Cervantes en respuesta fue despedirlo el 16 de marzo del 2012.   

Ochoa presenta una acción de amparo que se la otorga el PJ en primera instancia, pero el juez no lo repone en su cargo. En segunda instancia, la sala declara improcedente su caso al considerar que no correspondía una acción de amparo porque no se habían violado sus derechos constitucionales, a pesar que existía jurisprudencia de otros casos similares de docentes despedidos en donde una sala judicial los repone en sus puestos.

En tercera instancia llegó al Tribunal Constitucional, donde la sentencia fue prolongada inusualmente, hasta que se cambió a los tribunos que veían su caso. La nueva sala estaba compuesta por docentes de la UIGV, quienes no consideraron pertinente abstenerse ante el evidente conflicto que existía al tener que resolver un proceso en contra de su propio centro de labores y de su jefe, el señor Cervantes Liñan.

“El señor Urviola recibió la visita del señor Figallo, que en ese momento era Ministro de Justicia, para dilatar mi proceso. El señor Espinoza Saravia, que aparece en las Agendas de la señora Nadine Heredia como ‘Ojitos Lindos’ forma parte de la Asociación de derechos constitucionales que preside el señor Domingo García Belaúnde y que también está integrada por el señor José Palomino Manchego, ambos abogados del señor Cervantes Liñan”, nos dice José Ochoa.

Lo raro es que, según consta en los contratos a los que tuvimos acceso, los honorarios de los abogados en este caso fueron más de S/ 100 mil soles en total, puesto que incluían S/ 77 mil por la defensa y S/ 38 mil soles como ‘honorarios de éxito’. Solo por este caso. “Esa misma sala declara improcedente mi demanda, no infundada, bajo el supuesto de que yo no había escogido la vía ordinaria. No tuve derecho a la segunda instancia porque el mismo organismo que me despide es el que ratifica mi despido. Es un proceso totalmente viciado, pero mataron mi proceso ya sin opción de acudir a ninguna instancia nacional, por eso es que me he presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque me han perjudicado económica y moralmente”, explica Ochoa.

Los casos de despido sistemático no son poco frecuentes en la UIGV. Todos tienen un mismo patrón, que luego acaban muertos en el Poder Judicial donde Cervantes hace gala de una extraordinaria defensa y suerte con los jueces que ventilan los procesos en su contra.  

Otro ejemplo asombroso es el de Juan Carlos Martínez Murillo, quien se desempeñó como asesor de la oficina de Economía. Él fue quien informó a la gerencia general sobre las pretensiones de Cervantes de cambiar el origen de la UIGV y claro, terminó siendo despedido bajo supuestos de incumplimiento de funciones. No solo eso, Martínez envió una carta a la Gerencia General advirtiendo las diferencias de sueldos que se estaban manejando en la UIGV que para ciertos casos exorbitantes y escandalosos. Entre ellos, los hijos de Cervantes.

“Yo era una piedra en el zapato. Incluso me ofrecieron, como a Lavado, subirme el sueldo a 20 mil soles pero no acepté. Les dije que esto no se resuelve con plata sino que había que arreglarlo como debía de ser, por eso me despidieron en realidad”, sostiene Martínez.

Los hostigamientos laborales hacia Martínez pasaron por reducirle el sueldo a la mínima expresión. Adicionalmente empezaron su proceso de despido mediante cartas donde le señalaban supuestas faltas. “En esos trece días entraron a mi oficina, hackearon mi computadora porque tenía clave, abren mi correo electrónico y el día 9 de febrero llaman a un pobre notario para que legalicen las copias de los pantallazos que habían tomado de mis correos. Eso es sencillamente ilegal”, afirma el ingeniero Martínez Murillo.

En esos correos, según la gente de Liñán, se encontró información que Martínez le enviaba a Lucas Lavado de reportajes de tv donde hablaban mal de la Universidad y que eso la perjudicaba. “Según ellos esto fue realizado entre mayo del 2014 y mayo del 2015, pero si te das cuenta, todo lo que sale de la UIGV viene desde mucho antes. Entre esas fechas no hay ninguna denuncia contra la universidad. Fue algo burdo”, nos dice Martínez.

Con estas fotocopias legalizadas de los pantallazos de la computadora de Martínez, Cervantes presenta una denuncia en su contra ante la 14° Fiscalía por los presuntos delitos de “violación al secreto profesional”. El fiscal falleció, y el que tomaba la declaración, el señor Tapia Choy quien era adjunto del fiscal, pasó a ser docente de la UIGV luego de este proceso. Martínez, por ello, sostiene que “Estos premios son pan de cada día en la UIGV”. Otro tema curioso es que en esta investigación fiscal, el Dr. Lucas Lavado fue incluido como testigo de parte de la Universidad, pero luego increíblemente lo pasan como denunciado. Lucas Lavado ya está por perder la cuenta de los procesos que lleva encima. Martínez, por su parte, judicializó su despido y para mala suerte, el juez Carhuaz Alcántaro del 13avo Juzgado Laboral también había sido docente de la UIGV.

Martínez Murillo, además, es tío de Patricia Morales, la secretaria de Cervantes que falleció en extrañas condiciones ya que fue hallada muerta en el hotel Asahi en el centro de Lima el pasado 28 de diciembre del 2006, en horas de trabajo. “En este proceso han ocurrido demasiadas irregularidades, yo quiero que se investigue, pero la presunción que yo tengo…Estoy esperando que me liberen lo de mi AFP para contratar a un buen abogado para poder acusar a LA persona que sé que lo hizo, que yo sé quien es”, concluye Martínez.  

Sobre este caso ampliaremos en la segunda parte de este extenso reportaje. También abordaremos la red de influencias que protege y gira alrededor de Cervantes Liñán. Cabe señalar que para esta primera parte hemos intentado durante dos semanas comunicarnos con el rector y su asistente nos ha respondido que él se comunicará con nosotros. Seguiremos esperando. Si Dios quiere (y Cervantes también) continuamos en la siguiente edición.