La primera línea del Currículo Vitae del actual Ministro de Trabajo Daniel Maurate Romero, lo presenta como “abogado, docente de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV)”. Su amistad con el rector de esa casa de estudios data de varios años y su relación laboral es formal, pues aparece como trabajador estable desde setiembre del 2013. Así lo señala el Acta de Infracción N° 36-2014 luego de una inspección realizada por el propio Ministerio de Trabajo (MINTRA), meses antes que Maurate fuera designado como su máxima autoridad.  

El Mintra y la UIGV, más allá de que sus cabezas tengan una relación laboral donde el jefe es Cervantes Liñán y el empleado es Maurate Romero, tienen otra relación pero de distinta naturaleza. Sucede que las denuncias que se ventilan en el Mintra por casos de despidos arbitrarios y abusos laborales son múltiples y, muchas de ellas, escandalosas. Sin embargo el Mintra no es el único recinto copado de estos expedientes, también los juzgados laborales se encuentran plagados de demandas contra la UIGV, pues tal como vimos en la primera parte de este extenso reportaje, la estabilidad laboral dentro de la UIGV es casi una fantasía, un sueño, una ilusión.

“Lo que hacen es inventar una supuesta falta y con eso te botan sin ninguna explicación ni proceso, y sin respetar que docentes y trabajadores llevan toda una vida entregada a la universidad”, dice Jorge Espinoza, quien es uno de los tantos damnificados de esta modalidad de despido. Espinoza se desempeñaba como jefe de la oficina de Recursos Humanos y su relación con Cervantes era hasta cierto punto cercana, pues incluso lo eligió como padrino de boda. Sin embargo, cuando las irregularidades comienzan a hacerse evidente y Espinoza se aleja del círculo, el despido fue inmediato.  

“Cuando me despidieron en el 2011, presenté dos demandas, una por beneficios laborales y otra por nulidad de despido. La primera, que fue al 20° Juzgado Laboral Especializado, se declaró fundada y en consecuencia la UIGV debería pagarme S/ 72 mil soles aproximadamente. Ellos apelan y en segunda instancia estaba como presidente de la sala Fernando Montes Minaya y como vocal Alexander Urbano Menacho, ambos ex profesores de la UIGV. Ahí se confirma lo que ya me habían dicho que pasaría, todo vuelve a foja cero”, señala Espinoza

Su expediente regresa al 15° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, quien ordena nuevamente que se cumpla con el pago por el mismo monto. Luego de seis meses es elevado a segunda instancia y lo increíble es que llega nuevamente a la sala de Montes Minaya y Urbano Menacho. “Yo le he dicho a mi abogado cuidado que vaya a pasar nuevamente lo mismo que ha pasado en el Juzgado anterior: vuelve a foja cero, pasa a otro Juzgado Laboral quien señalará “páguese” y nos vamos a pasar toda la vida así”, afirma Espinoza quien ya tiene seis años en este proceso.

En el otro caso, de nulidad despido fraudulento, después de 05 años de litigio sale la Resolución Nro. 26 que declara fundada parte de su demanda y ordena que la Garcilaso lo reponga en su puesto y le abone las remuneraciones devengadas desde la fecha de despido. “Presentamos una medida cautelar inmediatamente para reponerme a la Universidad mientras que el proceso continúa, pero hasta ahora la vienen dilatando. La especialista de este juzgado es Esperanza Condori Mendoza, abogada titulada en la UIGV según reporte de SUNEDU. Ya tengo 06 años y hasta ahora no puedo trabajar, ni cobrar, ni puedo ganar mis juicios” afirma Espinoza.

Espinoza, por otro lado, también afronta otros procesos penales pero esta vez como acusado de Cervantes. Sucede que el 2 de noviembre del 2015 realizaron un plantón en la puerta de la Universidad, pero unos matones aparentemente contratados les propinaron una terrible golpiza, donde a Espinoza terminó recibiendo un palazo en el cráneo y fue tal la violencia desatada que apareció en todos los medios de comunicación. “Casi me matan. Luego, con las vendas en la cabeza me entrevistaron en RPP donde narré los hechos que todos vieron en tv. Por esas declaraciones me querellan ante el 31° Juzgado Penal, con el juez Simeón Campo Rodríguez, profesor de la Facultad de Derecho de la UIGV. Él debió de inhibirse por decoro, no debió llevar este proceso penal, sin embargo sentenció a favor de su rector Luis Cervantes ordenandome una reparación civil de S/ 20 mil soles. Ellos van viendo en que juzgado esta su gente. El congresista Daniel Mora pidió garantías para nosotros porque mis teléfonos siguen intervenidos, mis correos han sido hackeados. Es una persecución a todo nivel”, concluye Espinoza.

El terreno judicial parece ser el escenario preferido de Cervantes. En él la estrategia es clara: ganar a toda costa o, en el peor de los casos, dilatar. Y ese “a toda costa” se sigue al pie de la letra, como vemos en el caso de los trabajadores Luis Felipe Caycho Montoya y Alexander Roque Carlos. En enero de 2012, la UIGV decidió unilateralmente quitarles la ‘Bonificación Especial’. Ellos presentan su reclamo ante las autoridades y, al no ser atendidos, elevan su queja ante el Mintra solicitando una inspección laboral.  

Luego de las visitas de inspección según la Orden de Inspección N° 4136-2013-MTPE-1/20.4, el 13 de mayo de 2013 el Mintra emite el acta de infracción N° 1236-2013 indicando que la UIGV ha infringido dispositivos legales y le impone una multa equivalente a S/ 3,117.50 soles siendo comunicada a la UIGV el 27 del mismo mes.

Como era de esperarse, la UIGV presenta su recurso de apelación adjuntando dos informe s/n WOAG-ORH-RUIGV-2011, del 24 de octubre 2011, elaborado por el Sr. William Orlando Anicama Gómez, quien informa al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos que "existen algunos trabajadores que prestaban servicios en nuestra área, aún gozan de bonificaciones que a la fecha, conforme a nuestra política salarial, no deberían estar percibiendo". También adjunta el Memorando-RUIGV-2011, del 18 de noviembre 2011 (también sin número), mediante el cual el Rector Cervantes señala que "habiendo perdido el origen de la naturaleza del pago de bonificación especial, se dispone que dicho pago no se siga otorgando desde el mes de enero del 2012”, entre otros documentos aparentemente contundentes.

A pesar de ello, el Mintra desestima los argumentos de la UIGV y emite la Resolución Sub Directoral N° 791-2013-MTPE/1/20.43 resolviendo multarla por infracciones en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva. La UIGV presenta una nueva apelación adjuntando Copia de la carta en donde el Jefe de Remuneraciones señala que se han detectado pago indebidos en favor de ciertos trabajadores, por lo que solicita se ordene la suspensión de dichos pagos". Los documentos que adjunta son los mismos que presentaron inicialmente pero sorprendentemente los documentos son evidentemente distintos, es decir, tienen el mismo contenido pero las firmas no coinciden, el sello se encuentra en posiciones diferentes, a todas luces uno de los documentos es falso, o los dos.

“Esto demuestra claramente que la UIGV, en sus procesos laborales, presenta documentos falsos, no se necesita un perito para verlo, son burdas falsificaciones, por eso es que las cartas no llevan números correlativos, porque queda claro que se elaboran luego de iniciado el proceso con fecha anterior”, nos dice Juan Carlos Martínez, quien fuera asesor de la oficina de Economía, otro damnificado de la UIGV y cuyo caso fue tratado en el capítulo anterior.

Martínez, además, nos muestra una serie de boletas de pago que tienen exactamente el mismo contenido. Estas no son “duplicados”, puesto que tienen diferente numeración y se elaboran expresamente para usarlas en los procesos judiciales. “La prueba está en que en una de ellas, la aparentemente original, figura la firma del receptor y en la otra no, además que en ambas difieren las firmas de quien las emite”, sostiene Martínez quien conoce perfectamente el manejo de las planillas dentro de la UIGV.

Con esta fábrica de pruebas, jueces “amigos”, autoridades “de la casa” y un sistema de miedo instalado dentro de la universidad, el control termina siendo casi dictatorial. El que se queja, sencillamente pierde. Y esto no es únicamente para trabajadores administrativos y profesores, se extiende a los propios alumnos.  

Es así que Juan José Racchumi Salas, estudiante de la facultad de ciencias administrativas desde el 2007, enterado por los diferentes medios de comunicación de todo lo que venía saliendo a la luz acerca del sueldo de su rector y ante las diferentes carencias de infraestructura, logísticas, técnicas y administrativas de su casa de estudios, sintió la obligación de juntarse con otros alumnos para pedir alguna explicación y que su voz sea escuchada. Suponía él que, al tratarse de una universidad, el pensamiento plural era un derecho inherente. Qué equivocado que estaba.

“Sentí que todos lo que iba apareciendo en cuanto a malos manejos de la Universidad, afectaba directamente la imagen de esa casa de estudios con la cual yo me siento sumamente identificado ya que mis padres y tíos han estudiado ahí. El sueldo del rector era solo una parte, un insulto mayor si tenemos en cuenta las carencias de la Universidad, pero luego había otros hechos que ya todos conocemos en cuanto a los manejos internos. Por eso es que decidimos pedir las explicaciones del caso, siempre respetuosa y pacíficamente” nos dice Racchumi.

Luego de dos plantones sin incidentes en la puerta de la Universidad, él fue identificado como un líder de los estudiantes y empezó su calvario. El tribunal de honor de la UIGV le inició un proceso por participar en disturbios violentos y hasta de haber agredido a autoridades y vigilantes de la universidad. Sin embargo, Racchumi es discapacitado físico y como tal ha representado a la misma universidad como deportista discapacitado, pero lo señalaron como una persona violenta a la cual debían expulsar. Y así lo hicieron.

Le abren dos procesos ante el tribunal de honor, de los cuales uno le hace un llamado de atención y el otro determina su separación definitiva de la Universidad. La resolución N° 014-TH-UIGV-2012, que decide su expulsión, bien podría ser un homenaje a la confesión de parte. En sus considerandos la propia universidad describe operaciones de seguimiento y reglaje con videos y fotografías a los alumnos, producto de ello decide la separación definitiva de Racchumi, identificado como un promotor de violencia.

“Fueron solo dos manifestaciones pacíficas donde no pasó absolutamente nada, pero según ellos habíamos violado una cláusula del reglamento”, sostiene Racchumi. El proceso duró cerca de dos años. Racchumi apela e involucra a la prensa y a la Defensoría del Pueblo, quien toma cartas en el asunto.

“Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, la UIGV retrocede y cambia su resolución que había sido de expulsión, a la de suspensión de dos meses. Yo ya no he vuelto a matricularme aún cuando ya pasó el tiempo de castigo porque tengo mucho miedo de las represalias que tomará la Universidad en contra de mi persona. Solo me faltan dos ciclos pero es un hecho que me van a hacer la vida imposible, me van a hostigar, no me van a dar el título, como lo han hecho con muchos trabajadores y docentes. Estoy esperando que una nueva gestión me garantice las condiciones para que pueda terminar mi carrera”, sostiene Racchumi, aunque su pedido es casi un anhelo utópico puesto que a Cervantes no hay fuerza que lo mueva de su sitio.

Y es que desde que Luis Cervantes Liñán llegó al rectorado de la UIGV, ha ido elaborando una relación estrecha y casi obsesiva con diferentes autoridades que se encuentran ocupando los más altos cargos públicos dentro de nuestro sistema judicial, policial y político. La manera en que lo hace es harto conocida. Ha concedido distinciones honoríficas a jueces del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional, Fiscales del Ministerio Público, Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y a generales de la Policía Nacional.  

Por ejemplo, les otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, a los tres sucesivos presidentes de la Corte Suprema: Los vocales supremos, Javier Villa Stein, César San Martín Castro y Enrique Mendoza Ramírez. También ha firmado convenios de cooperación institucional y de capacitación, con beneficios económicos para estudios de posgrado para los jueces y pregrado para sus familiares, así como invitaciones para que jueces y fiscales tengan horas lectivas en el ejercicio de la docencia universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ha integrado, además, a muchos magistrados reconocidos y funcionarios públicos mediáticos, como miembros del Consejo Consultivo de las diversas publicaciones jurídicas que edita la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuando realiza inauguraciones de remodelación de la infraestructura de la Universidad, nombra a jueces y congresistas como padrinos, con intenciones de reforzar sus vínculos amicales e influencias.

Los acercamientos con las autoridades no se reducen al aspecto judicial y político. Cervantes participó, por ejemplo, del aniversario de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), posteriormente condecoró al Director de Seguridad del Estado, General Mauro Remicio Maguiño entregándole la medalla Garcilaso de la Vega, en presencia de toda la comunidad universitaria. Remicio era el primer oficial de policía condecorado por la UIGV, posteriormente fue nombrado Director de la Policía Nacional y nombró como su edecán al mayor PNP Segundo Leoncio Mejía Montenegro, Jefe de Seguridad de la Universidad Garcilaso. Posteriormente el Inspector General de la PNP, General Américo Villena Tupa, condecoró a Luis Cervantes Liñán en agradecimiento al valioso apoyo brindado para el fortalecimiento de la capacitación de la PNP.  

En el mes de junio del 2012, el programa Cuarto Poder reveló el sueldo millonario del rector, y un mes después Luis Cervantes Liñán hizo una amenazante muestra de su poder llenando el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables con altos mandos de la plana policial, condecorando al entonces Director General de la Policía, General PNP Raúl Salazar Salazar. Cuando la misma policía lo tuvo que investigar por fraude en la Administración de Personas Jurídicas no le encontró delito alguno. El General (r) Raúl Salazar Salazar, es ahora docente del curso Seguridad y Defensa Nacional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UIGV. Todo un estrecho lazo de amistad.

Cuando decimos a Cervantes no lo mueve nadie, nos hemos referido a absolutamente nadie. En el propio Congreso de la República, luego que el Congresista Daniel Mora realizara una exhaustiva investigación y concluyera con un libro que detalla 7 delitos encontrados en la gestión de Cervantes al mando de la UIGV, solicitó que el parlamento intervenga. El proyecto de ley N° 3688, que declara en reorganización general esta casa de estudios, se encuentra encarpetado en el Congreso, duerme el sueño de los justos, y es rarísimo que el propio congresista Luis Iberico, antes de ser elegido presidente del Congreso, envió a la entonces presidenta Ana María Solórzano una carta pidiéndole que ponga en agenda dicho proyecto. Ella no le hizo caso. Él, ahora como presidente, tampoco lo hizo.  

Ni la propia nueva ley universitaria ha podido mover a Cervantes, quien ya lleva tres períodos consecutivos como rector, más de una década. Esto no es nada. Sobre su influencia política, el caso de su secretaria Patricia Morales quien apareció muerta en extrañas circunstancias, así como el perfil completo del controvertido Rector de la UIGV, estaremos ampliando en un tercer capítulo. Esto, si Dios (y Cervantes) lo permiten.