El cadáver de Patricia Morales, de 39 años de edad y secretaria del rector de la UIGV Luis Cervantes Liñán, fue hallado en una habitación del hotel “Asahi” el 28 de diciembre de 2006. La causa de su muerte se atribuyó a un edema cerebral y pulmonar producto de la ingesta de cocaína. Quien dio cuenta del hecho fue William Mejía Vílchez, agente de seguridad de Cervantes, el supuesto acompañante dentro del hotel de la occisa.  

Como parte de las pesquisas policiales fueron interrogados los familiares y los compañeros de trabajo más cercanos de la fallecida, entre ellos su jefe, el rector Luis Cervantes Liñán. Sorpresivamente, él afirmó a la Policía que solo conocía a Patricia Morales por razones netamente laborales y que nunca había departido con ella en ninguna reunión social fuera de los ocasionales y cortos brindis en festejos de la Universidad. “Esto no es verdad. Él conocía perfectamente a Patricia Morales porque ella era mi sobrina y de mi hermana Patricia Vega, con quien Cervantes sostiene una relación sentimental y tiene dos hijos. Incluso la fallecida vivió un buen tiempo, junto a su esposo José Meléndez Rabanal e hijos, en un mini departamento ubicado dentro de la propia casa de mi hermana, y allí Cervantes departía con la familia frecuentemente, tan es así que él la llevó a trabajar a la UIGV como su secretaria”, sostiene Juan Carlos Martínez, quien además ha sido trabajador de la UIGV.

En una discusión entre las hermanas de Martínez a través de correos electrónicos, Patricia Vega señala un affaire de la fallecida con su pareja Cervantes (ver cruce de correos). Esto, además de las fotos familiares donde Cervantes aparece con ropa informal al lado de la fallecida, cargando a sus hijos, confirma lo dicho por el tío de la fallecida y desmiente completamente la única declaración que dio Cervantes para este caso.

El viudo José Meléndez también se sorprendió de las declaraciones de Cervantes ante la Policía. Más aún cuando recuerda que en la última conversación telefónica que sostuvo con su esposa la notó nerviosa. “He visto algo horrible”, le dijo ella sin darle mayores detalles pues en unas horas irían de compras, y para ello solicitó permiso para retirarse temprano del trabajo. Ese encuentro, así como la narración de lo que vio Patricia, nunca se dio puesto que ella murió minutos antes.

Según las conclusiones del expediente policial, la secretaria de Cervantes sencillamente omitió que tenía que ir de compras con su esposo y se fue desde San Borja hasta las inmediaciones del Coliseo Amauta a caminar, con una botella de whisky, dos gaseosas y dos vasos en la cartera. Caminando se encontró de casualidad con Mejía Vílchez, el guardaespaldas de Cervantes, quien vive en San Martín de Porres pero que iba hasta el límite del Cercado de Lima con Breña para recoger una muda de ropa que había encargado lavar a la madre de un amigo.

En su manifestación, Mejía Vílchez afirmó que no tenía amistad con Patricia Morales y que solo eran compañeros de trabajo, pero al saludarla ella le pidió insistentemente ir a un hotel para conversar porque se sentía preocupada y mal por los problemas familiares y económicos por los que atravesaba. Una vez en la habitación 408, ella le detalló sus pesares, a la par que bebió dos sorbos de whisky. No pasó una hora de charla cuando sorpresivamente Patricia empezó a convulsionar y a los pocos minutos perdió la vida.

El protocolo de análisis toxicológico N° 200703000627 realizado por el Instituto de Medicina Legal aplicado al cadáver arroja 0% de alcohol, lo cual desbarata lo manifestado por Mejía Vílchez. Los demás análisis arrojan que, efectivamente, había cocaína en la orina, sangre, hígado, cerebro y contenido gástrico. Lo raro es que estas mismas pruebas arrojan negativo para cocaína en las fosas nasales, con lo cual no se entiende cómo o por dónde es que habría ingresado la cocaína al cuerpo de Patricia.

Las pruebas además confirman que Patricia Morales no sostuvo relaciones sexuales antes de su muerte. “Para quienes conocimos a Patricia de toda la vida es imposible que ella haya podido pedirle a un hombre ir a un hotel, no consumía drogas, no tenía enfermedades, era una madre esforzada, la pregunta es qué puede haber visto para que le hayan hecho esto”, afirma Juan Carlos Martínez. Por su parte, el viudo de Patricia solo pide que las investigaciones se reabran o, en realidad, que se realicen. “Pido que se esclarezca la muerte de mi esposa. Nada de lo que dice ese expediente se acerca a lo que pudo haber ocurrido. No entiendo por qué la fiscalía se niega a investigar con tremendas contradicciones e incongruencias en el parte policial”, sostuvo Meléndez para el reportaje que hiciera el programa Cuarto Poder, aunque para nosotros se negó a declarar.

El ocultamiento de Cervantes Liñán acerca de su cercanía con la fallecida, no es la única rareza en el expediente policial. Él también declaró a la policía que pasó todo ese día en el rectorado ubicado en la Avenida Arequipa N° 1841, San Isidro; sin embargo, Mejía Vílchez detalló que estuvo con Cervantes en el local de San Borja, donde laboraba Patricia Morales. Además, ninguno de los empleados del hostal "Asahi" manifiesta haber visto directamente a Patricia, pues el único que se identificó fue Mejía. Incluso la administradora manifestó que "antes que llegue el fiscal, primero ingresó a la habitación el policía (Jesús) Vega con el señor Mejía, luego subieron tres o cuatro policías de la comisaría", sin embargo Vega afirma que fue solo y que a los 15 minutos llegó el comisario José Salgado, es decir solo fueron dos efectivos los que acudieron. Otro hecho raro es que el mismo Mejía era policía, pero se identificó en la comisaría como psicólogo.

A Mejía Vílchez, luego de esto, le renovaron contrato en la UIGV, fue ascendido de cargo y le aumentaron el sueldo. Al poco tiempo renunció a la Policía. “A mí me dijeron que luego del favor que le hizo Mejía a Cervantes, se le había arreglado la vida. Ese comentario despertó todas mis inquietudes, por eso pido una investigación profunda que nunca ha podido hacerse, no sé por qué”, sostiene Juan Carlos Martínez.

Luis Cervantes Liñan, luego de las dos primeras partes de este reportaje y en vista que anunciamos que en esta tercera tocaríamos el tema de Patricia Morales, nos ha enviado una carta notarial bastante extraña. En ella se refiere solamente al anuncio de que trataríamos este caso, omitiendo las múltiples irregularidades que hemos venido señalando acerca de su gestión. Acompaña la carta con las resoluciones fiscales que declaran “No Ha Lugar A Abrir Investigación Preliminar” (sic), y la termina con una amenaza encubierta “sírvase a tomar en consideración los alcances de las referidas resoluciones a fin de evitar posibles querellas por difamación agravada en mi agravio”, dice a la letra.  

Más allá de que no tememos a sus represalias puesto que todo lo expresado hasta el momento está documentado y testificado, nos sorprende la inquietud de Cervantes por este caso puntual, validando de cierto modo todo lo señalado en anteriores entregas sobre él y su gestión.

Efectivamente, las resoluciones a las que se refiere fueron emitidas y firmadas por el fiscal Richard Saavedra Luján, de la 56° Fiscalía Provincial Penal, el 5 diciembre de 2014 y el 5 de abril de este año, hace poco más de una semana y 10 años después del extraño fallecimiento de Patricia Morales. Demás está decir que el viudo de la fallecida aún no tiene conocimiento formal de que la ansiada investigación sobre la muerte de su esposa no se realizará, que su pedido de esclarecer los hechos fue nuevamente al buzón y que ella aún no podrá descansar en paz.

Pero no es la primera vez que este fiscal Richard Saavedra Luján bloquea una investigación en donde está involucrado Cervantes Liñán, ni mucho menos la más escandalosa. A la misma 56° Fiscalía llegó el caso del ex trabajador de la UIGV Gilbert Mesajil Arango, quien denunció a Luis Cervantes Liñán, Javier Villavicencio Alfaro y Jhonatan Poma Chávez por los delitos contra el Patrimonio – Chantaje, contra la Administración Pública – Abuso de Autoridad y contra la Fe Pública – Falsedad Ideológica, en su agravio.  

Sucede que Mesajil fue trabajador del área de Planillas de la UIGV por 25 años. Una semana después de que a Juan Carlos Martínez, su jefe en ese entonces, lo despidieran hackeando su correo electrónico y lo acusaran penalmente (ver primera parte de este reportaje), se le acercó el apoderado legal de la universidad, Javier Villavicencio, manifestando que lo hacía por encargo del señor rector Cervantes.

“Me comunicó de la denuncia que iba a interponer la universidad en contra de mi ex jefe Martínez y me enseñó una conversación privada que yo había sostenido por facebook con él. Eso me sorprendió. De inmediato me dijo que el rector había pedido mi cabeza pero si lo apoyaba podía permanecer en la universidad. Mencionó el hecho que yo había solicitado una beca para mi hija y que si no los apoyaba, tampoco procedería. El apoyo consistía en firmar un documento que no me permitieron leer pero dejaron en claro que era para sacar de la universidad a Martínez”, recuerda Mesajil.

Chantajeado, extorsionado y amenazado, firmó el documento que era una declaración jurada que inculpaba a Martínez de difundir información distorsionada y mal intencionada contra el rector de la universidad y otras autoridades, ofrecer asesorías laborales a trabajadores a cambio de dicha información, predisponer a los trabajadores para que hagan lo mismo con las autoridades universitarias, entre otras. Este documento fue legalizado notarialmente y presentado como prueba contundente en el juicio que inició la Universidad contra Martínez y que aún continúa en proceso.

Mesajil luego se dio con la sorpresa que él también fue incluido en el mismo proceso penal como cómplice de su ex jefe, pero con la salvedad de que, por haber colaborado en firmar la declaración jurada, solicitaban para él un tratamiento especial. Entendió entonces que había sido víctima de una patraña y decide contar toda la verdad ante la fiscalía, sin hacer caso al acoso de Villavicencio y Poma Chávez que lo buscaban por todos lados para dictarle las indicaciones de lo que tenía que declarar. “Incluso mientras daba mi declaración, me seguían bombardeando de llamadas y le mostré al fiscal mi celular” comenta Mesajil.

Por todo este episodio es que Mesajil decide entablar un proceso contra ellos y contra el rector Cervantes, presentando como prueba la copia del cuaderno donde figura su salida de la universidad. El papel se lo facilitó el vigilante de turno. Por presentar esta prueba, la UIGV lo denuncia penalmente por hurto, incluyendo a la madre de su hijo y al notario que legalizó el documento. Quien testifica en su contra, también mediante una declaración jurada, es el propio vigilante que le facilitó el documento. Finalmente Mesajil fue despedido luego de 25 años al servicio de la universidad de donde también es egresado. Su denuncia, además, fue declarada como “no ha lugar” por el fiscal Richard Saavedra Luján, a través de una resolución con considerandos sinceramente inentendibles.

Lo anecdótico es que a Mesajil lo siguen acosando para que sostenga que su primera declaración en contra de Juan Carlos Martínez es verdadera, ahora bajo el ofrecimiento ya no de mantenerlo en su puesto sino de retirar la denuncia en su contra. Mesajil teme además que el proceso laboral que inició por el despido arbitrario, también sea declarado nulo como tantos otros. Ya le advirtieron que es lo más probable.

Cuando mueven a Juan Carlos Martínez del área de Remuneraciones, quien entra en su remplazo es Luis Miguel Sandoval Cabrejos, nada menos que el yerno de Cervantes al ser esposo de su hija Claudia Cervantes. Según nuestras fuentes del interior de la universidad, él en la actualidad tiene todo el manejo económico, decide permanencias de trabajadores, aumentos de sueldos, despidos, veta contratos, etcétera. Su padre es dueño de una empresa proveedora de la UIGV, su hermano trabaja en la oficina de Selección Universitaria, su hermana es docente de la facultad de Comunicaciones y también tiene una empresa que provee de toldos y organiza eventos para la universidad.  

Mediante Resolución Directoral N° 009-2011, Sandoval fue designado por Cervantes como contador general de la UIGV, sin embargo el Colegio de Contadores emite la carta s/n de fecha 15 de marzo del 2011 donde señala que el yerno de Cervantes no es colegiado. Al margen de eso, Sandoval es un gran bailarín de marinera.

Como tal, ha sido Campeón Categoría Senior 2014 y Campeón de Campeones 2015 en los torneos de marinera organizados por el Club Libertad, en Trujillo. Cabe señalar que en ambos torneos, la UIGV de Cervantes fue uno de los principales auspiciadores y que, además, la familia Burmester está muy ligada a esta casa de estudios. Fernando Burmester, por ejemplo, además de ser presidente del Club Libertad figura como parte de la planilla de Recibos por Honorarios de la UIGV desde setiembre del 2013, cobrando un sueldo de S/ 11 111,11, bajo el concepto de “publisista” (sic). Del mismo modo la controvertida Blanca Burmester figura en la misma planilla desde un mes antes con un honorario mensual de S/ 5 555.

No dudamos de las condiciones artísticas de Sandoval ni que el premio obtenido en esos dos años consecutivos ha sido ganado con justicia. Pero suponemos que, el hecho de saberse jefe de los organizadores y yerno de uno de los principales auspiciadores del evento, debe haberlo hecho bailar con mayor confianza y soltura. Esa lista de “publisistas” (hay versiones que señalan que el error ortográfico es intencional para ocultarlo en el sistema) resulta muy interesante por el detalle de personalidades mediáticas que aparecen en ella, entre ellos renombrados periodistas. Fue entregada fedateada notarialmente por la propia universidad como prueba en uno de los múltiples procesos que sostiene la UIGV contra sus ex trabajadores.

Para el reconocido abogado penalista Luis Lamas Puccio, si bien es cierto que la resolución fiscal que declara no ha lugar las investigaciones en el caso de la muerte de Patricia Morales, se considera como “cosa decidida” porque no se ha judicializado, eso podría cambiar si surgieran hechos distintos, diferentes, a los hechos que motivaron el pronunciamiento inicial sobre la “cosa decidida”. “En otras palabras, no se puede investigar sobre lo mismo, pero sí en el mismo contexto respecto a lo mismo, siempre y cuando hayan surgido hechos que no se conocían pero que tienen relación con el hecho primigenio”, sostiene Lamas Puccio.  

El abogado penalista además señala que: “En el caso de que uno de los involucrados directos haya mentido en su manifestación, se puede y se debe reiniciar la investigación. Sencillamente el mismo fiscal (Richard Saavedra Luján) debería emitir una nueva resolución para que se vuelva a abrir la investigación que fue en un inicio motivo de archivo. Si no lo hace, se puede presentar un recurso de queja para que lo vea un Fiscal Superior”.

“El hecho de descubrir una mentira es motivo suficiente para que se reabran las investigaciones y, sobre todo, para que se investigue el por qué se mintió, cuales son los alcances de esa mentira y si fue hecha con la finalidad de encubrir alguna otra situación o persona. Eso ya dentro de las investigaciones preliminares”, concluye Lamas Puccio.

Nos llega la información que el caso sobre despido fraudulento que Jorge Luis Espinoza interpuso a la UIGV y que tratáramos ampliamente en la segunda parte de este reportaje, ha vuelto a foja cero. Los vocales que decidieron declara nula la sentencia que daba la razón a Espinoza, fueron el doctor Gino Yangali Iparraguirre y la doctora Norma Farfán Osorio.  

Yangali es juez superior y participo en el 2014 en la plana docente del "Diplomado Presencial y Virtual de Alta Especialización en la Nueva Ley Procesal de Trabajo" y el 21 de Enero de este año estuvo como expositor del "Forum Propuestas de Reforma a la Ley Procesal del Trabajo", eventos que se realizaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La doctora Norma Farfán, por su parte, es juez superior, estudió un Doctorado en Derecho y un Diplomado en Derecho Procesal Constitucional en la misma UIGV.

Este caso, increíblemente lleva ya seis años en estas idas y vueltas. Ese no es el tiempo normal en el que deben resolverse los casos laborales, según diversos abogados laboralistas consultados. Seguiremos haciendo seguimiento pormenorizado a todos los casos y que sea la opinión pública quien saque sus propias conclusiones de cómo opera esta red, la más poderosa de los últimos tiempos.