La recaudación de impuestos ha sido siempre la gran preocupación de todo gobierno y la institución sobre la que recae esta responsabilidad, la SUNAT, no pasa por su mejor momento. Sobre población de personal poco calificado, actos de corrupción y una política tributaria venida a menos, ha debilitado un órgano determinante en nuestro sistema. 
ESCRIBE: RAMÓN ESPEJO CASTAÑEDA

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha pasado por 5 reorganizaciones y una peor que la otra”, nos dice nuestra fuente al interior de la institución. A juzgar por los datos que maneja, el panorama no parece ser de los mejores y todo hace indicar que el nuevo gobierno recibirá una herramienta de poca utilidad para mejorar la recaudación tributaria. 

En agosto de 2011, apenas instalada la pareja presidencial en Palacio, fue designada como superintendente Tania Quispe, prima de la señora Nadine Heredia, quien se mantuvo 4 años al frente de la SUNAT. Tal vez producto de esa relación, cercanía y confianza, recibió especiales facultades, como la de aprobar su Reglamento de Organización de Funciones (ROF), que le correspondía a la PCM.

“La consecuencia de esta decisión fue la creación sistemática de puestos sin ningún sentido, como que hay más de mil jefaturas a diferencia de las casi 400 del periodo anterior; 6 mil trabajadores en CAS que son más del 40% del personal estable; más de mil trabajadores repuestos judicialmente por procesos laborales perdidos; áreas administrativas sobredimensionadas que hoy son casi equivalentes en cantidad que el área operativa y en general una organización ineficiente sobredimensionada, elefantiásica”, nos dice la misma fuente.

MODERNIZACIÓN PARA ATRÁS

A inicios de su gestión, Tania Quispe impulsó ante el Congreso la ley de fortalecimiento que buscaba la modernización de la SUNAT. Esta sería un arma muy poderosa pero que lamentablemente terminó por convertirse en una de autoaniquilamiento. Esta ley permitía, por ejemplo, que no se devolviera el presupuesto no ejecutado al Ministerio de Economía, como se hace normalmente. 

Sin embargo, los resultados han ido cada vez a menos. “Ese sobrante sirvió finalmente para aumentos de sueldo y gastar en construcciones, entre otras cosas”, nos dice la fuente. Además, no se ha ampliado la base tributaria, no ha habido un trabajo técnico de incremento de recaudación, no hay un eficiente trabajo de fiscalización, ha aumentado la evasión del IGV, el Impuesto a la Renta no se puede ni medir. En cuanto a labores de cobranza y auditoría, el personal no ha ingresado calificado, entonces lo que ha aumentado son las acciones de fiscalización para las empresas chicas, para las bodegas, restaurantes, y la percepción ciudadana es que hay una SUNAT abusiva.

Por otro lado, los auditores calificados escasean para las cobranzas de empresas grandes, donde se necesita gente experimentada. A esto hay que agregar que la institución tampoco tiene herramientas tecnológicas para mejorar la recaudación. SUNAT no ha renovado su sistema informático y el actual ya resulta obsoleto.

LA CORRUPCIÓN CORROE

Como si fuera poco, una serie de informes emitidos por el Órgano de Control Institucional de la SUNAT puso al descubierto la gran corrupción instaurada a todo nivel. Funcionarios se saltaron normas y procesos para beneficiar a universidades e institutos por cursos de capacitación “fantasmas” y esto puso la gestión de Tania Quispe en el ojo de la tormenta, pues el caso llegó a ser judicializado y se encuentra a punto de sentencia, que incluye a la misma Quispe y a su entorno de confianza puesto por ella. 

Resulta que los encargados de INDESTA - Instituto Desarrollo Tributario Y Aduanero- que provee de capacitación, formación y especialización permanente al personal de SUNAT, encontraron la ventana para escapar de los controles de la ley de contrataciones, evitar la competencia y seleccionar a dedo los cursos que ellos negociaban previamente a precios completamente sobrevaluados.

Fueron más de 5 millones y medio que se pagaron en total. El informe de OCI dio inicio a un expediente en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, que luego de una investigación preliminar, decidió iniciar un proceso judicial y los delitos que se les atribuyen son colusión, malversación y negociación incompatible, que podrían llevarlos a la cárcel al final del proceso.

Todos ellos ingresaron a trabajar durante el régimen actual de Tania Quispe Mansilla, quien dejó la administración sorpresivamente en agosto de 2015. En su reemplazo quedó Víctor Ramos a la cabeza, quien también era del entorno de Quispe y no podría desconocer todo lo ocurrido. Ella fue designada como representante del Perú ante el BID, lo cual generó además controversia, puesto que para muchos significa el primer indicio de blindaje hacia una exfuncionaria.

LAS CIFRAS, UNA DESGRACIA

No solo en recaudación se vio el descalabro de Quispe al frente de la SUNAT. Se dice que desde que ingresó a la administración, las exportaciones vienen en picada en 10% hacia abajo por la deficiente administración de ADUANAS y el exceso de personal CAS. Víctor Ramos no ha podido cambiar el timón que dejó señalado Quispe y, por el contrario, ha cargado con el peso de sus propias deficiencias. “La reforma que impulsó Tania Quispe el 2011-2012 fue un fracaso. Lejos de activar la economía, esta se paralizó por sobrecontroles tributarios, fue diseñada para épocas de crecimiento económico, cuando lo que vivimos fue una desaceleración, tal fue el nivel que tuvieron que dar marcha atrás el 2014-2015”, nos dice nuestra fuente. 

Es así que lo que encontrará PPK es una institución clave completamente debilitada. Imposible imaginar una reforma tributaria sin antes echar mano desde su interior. Lo que se espera es que la transición se haga de manera transparente y que no se eche tierrita a todo lo acontecido. Mirar el futuro no implica olvidarse de lo ocurrido, por el contrario, es necesario reformar a todos y empezar el proceso sancionador para quienes resulten responsables. Los que están y los que se fueron.

Jorge Bravo: “Urge una reforma de todo el sistema tributario que involucre a la propia Sunat”

Para el reconocido abogado especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y tributación sectorial, Jorge Bravo Cucci, el problema ha sido que en los últimos 10 años, la tributación no ha incrementado la masa de contribuyentes. “Ha estado dirigida a un grupo muy puntual que son los formales y, dentro de los formales, a la gran empresa. El gobierno de Humala lamentablemente no ha hecho nada por incrementar la masa de contribuyentes e incorporar al sector informal que no está contribuyendo al sostenimiento del país”, nos dice. 

Por otro lado, nos habla sobre el papel de la propia institución: “SUNAT ha venido intentando cubrir el papel que el Estado le ha dado, pero no tiene un norte muy claro. En los últimos años con la gestión de la superintendenta anterior (Tania Quispe), incluso ha habido situaciones complicadas en las cuales se ha hablado de contrataciones irregulares para la capacitación de funcionarios, hay una investigación en curso, el caso Indesta, en la que se contrató a una universidad donde se pagó por cursos que nunca se dieron. Está judicializado pero extrañamente no hay sentencia aún. Otro tema a investigarse es la injerencia de SUNAT en el Poder Judicial, porque aparentemente estuvieron financiando las planillas de jueces tributarios y sus gastos operativos; cuando en realidad ellos se avocan a resolver casos donde SUNAT es parte. Estos casos son tarea pendiente de investigación o aclaración puesto que alcanzaría a altas esferas del gobierno”, afirma Bravo.

Finalmente nos habla acerca de lo que implica el futuro de esta institución de cara al próximo periodo gubernamental: “Urge una reforma de todo el sistema tributario que involucre a la propia SUNAT. Todos tienen que cambiar, porque estamos con un sistema tributario del siglo pasado, no es un sistema tributario ni instituciones tributarias que sostengan la realidad del Perú actual. La expectativa de este nuevo gobierno, hasta donde sé, apunta a la integración del sector informal empresarial que sería más o menos equivalente a 1 millón de nuevos contribuyentes, lo que es un escenario totalmente positivo. Para eso necesitamos una entidad recaudadora libre de corrupción, robustecida”, finaliza.