En un extenso artículo titulado “Investigar a fondo, pero bien”, publicado en el portal de IDL-Reporteros, el reconocido periodista Gustavo Gorriti realizó un sesudo análisis del caso “Escuadrón de la Muerte”. En él señala básicamente los preocupantes y peligrosos adelantos de opinión en los que ha incurrido el ministro del Interior Carlos Basombrío, además de las sorprendentes faltas a las reglas básicas del periodismo de investigación por parte algunos consagrados periodistas, como el propio Ricardo Uceda, al no consultar a todas las partes involucradas en esta historia.  

Su columna señala incluso el enfrentamiento vía tuiter entre el jefe de la Unidad de Investigación del diario La República, Ángel Páez, y su compañera de la misma área Doris Aguirre. Ella, además de haber escrito varias notas que se basaron en el informe N° 08 de Inspectoría general y algunos datos del interior de la institución, acusó ser víctima de amenazas y pidió garantías para su vida.

Más allá de estas colisiones periodísticas, lo cierto es que oficialmente el comandante Prado Ravines, acusado de ser el creador de un monstruoso batallón de policías asesinos de delincuentes, no ha sido notificado hasta la fecha de nada. “Yo me encuentro de vacaciones, pues he tenido que pedirlas para ejercer mi defensa y proteger a mi familia. Oficialmente no me han llamado ni la Fiscalía ni Inspectoría; solo me llamó por teléfono una funcionaria del Ministerio del Interior llamada Silvia Hsemback, de la comisión política, citándome para una entrevista ‘extraoficial’ y yo le dije que me tenían que notificar formalmente ¿Esa es la seriedad de esta investigación?”, nos dice el comandante Prado Ravines.  

Él considera que su derecho a la legítima defensa ha sido completamente vulnerado. “Si el titular del sector ya salió a adelantar de que somos culpables, entonces no me voy a presentar a una citación para validar esa supuesta investigación. Tampoco me llamaron para el famoso informe N° 08 de inspectoría, que ha generado todo este asunto y que no es más que un informe agraviante y una apología a la delincuencia”, insiste.

Él nos muestra documentos que ha dirigido a la institución para que le informen acerca de la investigación que se venía realizando y poder dar su versión, pero nunca le respondieron. Incluso presentó un recurso de habeas data al poder judicial, pero el juzgado aun no le da trámite. “Si ya se cumplieron todos los plazos y no se ha tenido en cuenta los mínimos derechos de defensa, me queda muy claro que esto está completamente armado”, señala Prado.

El informe N° 08 al que se refiere, es que elaboró el coronel PNP Edgar Aybar Canales y el mayor PNP José Luis Santillán Mendoza. Este se filtró a la prensa y generó un cisma en la institución. La periodista Doris Aguirre, del diario La República, fue la pionera en hacerlo público y darle total validez a su contenido, el que hace referencia a 6 casos en los cuales habría existido ejecuciones extrajudiciales, escenarios armados, croquis falsos, desproporcionalidad entre armamento criminal y policial, señuelos, etc.  

Sin embargo, el coronel Aybar no tendría muy buenos antecedentes en cuanto a investigación interna se refiere. La misma periodista Doris Aguirre, el 29 de abril del 2015, elaboró una nota periodística basada en un informe del coronel Aybar donde exculpa a todos los policías que aparecían en las agendas de Rodolfo Orellana y donde una fiscal tuvo que intervenir. “A la fiscal Marita Barreto le llamó la atención que la Inspectoría de la Policía Nacional no encontrara ninguna evidencia contra los efectivos relacionados con Orellana. Así que, con la ayuda de dos colaboradores eficaces de la misma mafia, que estaban a cargo del pago de los sobornos, la fiscal Barreto identificó uno por uno a los policías que supuestamente recibían pagos ilegales para beneficiar a los miembros de esta organización criminal”, escribió Doris Aguirre en aquella ocasión, subtitulando a esta parte como “operación limpieza”. La nota concluye en que Aybar extrañamente no encontró nada por lo que la fiscalía tuvo que asumir una verdadera investigación.

Siendo que la actuación de Aybar a cargo de investigaciones al interior de la PNP eran dudosas, por decirlo de algún modo, llama la atención cómo de buenas a primeras todos dieron por válidas sus conclusiones en este informe N°08. Más aún si el propio Tribunal de Disciplina Policial, mediante Resolución 114-2015-IN-TDP/SPI , y luego de un análisis de este y de la denuncia del comandante Franco Moreno Panta que le dio origen, resuelve no emitir pronunciamiento alguno y devolver el informe por no hallar elementos mínimos de responsabilidad y encontrarlo “contradictorio y ambiguo”.

Tampoco se puede pasar por alto el documento notarial que envía el empresario Jesús Coronel Cieza, quien acusa a Aybar y Santillán de haber viajado hasta Chiclayo para presionarlo a que firme una declaración falsa de los acontecimientos. El empresario se mantiene en que efectivamente hubo delincuentes que intentaron secuestrarlo aunque el informe Aybar señala lo contrario. Este documento llegó a Inspectoría el 28 de marzo, y pocas horas después Aybar envía su informe N° 08.

Como señalamos líneas arriba, la denuncia del Comandante PNP Franco Moreno Panta, efectuada en enero del 2015, dio origen al informe Aybar. En esta denuncia, sin embargo, se detallan diferentes casos de manera general y de impresionante narrativa. Por ejemplo, habla de un asalto al fundo chinchano ‘La Floresta’, ocurrido el 8 de setiembre del 2012 y donde dos delincuentes mueren acribillados. “Hacen creer que hubo enfrentamiento armado con la Policía”, dice la denuncia del comandante Moreno Panta a la letra.  

Velaverde tuvo acceso a los documentos audiovisuales de la DIGEMIN, donde se aprecia claramente la planificación que hacen los delincuentes y el desarrollo del propio operativo. “Cuántos fierros (pistolas) tienen”, dice un oficial de SUAT a uno de los delincuentes en pleno campo de batalla. “Solo tres fierros, jefe”, responde éste; además, se visualiza a la policía auxiliando a un delincuente herido. Hay planificación, armamento y delincuentes muertos, heridos y vivos.

El periodista Gorriti, en su columna esboza una hipótesis: “La interpretación del hecho es radicalmente opuesta entre uno y otro lado y enfrenta a dos comandantes con puntos en común en su conocimiento experto y su trayectoria, pero que se odian con apasionada intensidad porque en el tiroteo en el que uno participó, murió el hermano del otro”, señala a la letra. Se refiere al caso “Puente Piedra”, en donde murieron 3 policías y uno de ellos era el teniente Franco Moreno Goyoneche, hermano de Moreno Panta.  

Nosotros pudimos acceder a la versión del propio Moreno Panta y él niega que haya armado toda su denuncia basándose en el odio o resentimiento hacia Prado por la muerte de su hermano. Sin embargo, Moreno Panta señala en su denuncia y también nos lo confirmó a través de terceros, que su hermano fue víctima de Prado Ravines, que fue engañado y que cayó en un escenario creado por éste.

Lamentablemente y en honor a la verdad, también tuvimos acceso a diversos atestados en donde víctimas de secuestro y robos reconocen al fallecido teniente Moreno Goyoneche como uno de sus victimarios. Uno de ellos fue Laudencio Menacho Chavez, quien fue secuestrado y reconoció al hermano de Moreno Panta fotográficamente, acusándolo ante la 3ra Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra. Lo mismo ocurre con los otros efectivos que siempre actuaban con chalecos de la DIRANDRO, a pesar que no era su unidad, como ocurrió el día del operativo en Puente Piedra donde terminaron muertos.

“El señor Prado Ravines se reunió conmigo, con el periodista de Willax Oscar Quispe, con una persona que hizo de intermediaria. Él (Prado) me amenazó; me dijo ‘yo te perfilo (reglar), si tu botas tu chip, yo te sigo perfilando”, dijo la periodista Cecilia Valenzuela en una entrevista televisiva. Ella estaba sustentando su investigación acerca del supuesto Escuadrón de la Muerte al interior de la Policía Nacional. No quiso decir quién fue esa tercera persona que hizo de intermediaria para la reunión con el comandante Prado.  

A través de su cuenta de facebook, el periodista Dany Tsukamoto reconoció haber sido el intermediario, pero negó categóricamente que se haya dado la amenaza que describió Valenzuela. "Me parece extrañísimo y muy cuestionable la actitud de Cecilia Valenzuela. Nunca hubo, ni de cerca, algo parecido a una amenaza. La reto a que lo pruebe. Es más, al culminar la reunión ella misma, algo condolida con Prado Ravines, le dio una serie de consejos para que se defienda mejor. No cuestiono su hipótesis, aunque me parezca desproporcionada, cuestiono que mienta, cuestiono que en vez de informar con pruebas, acuse sin tenerlas. Es extraño que esconda parte de la información. La verdad no entiendo por qué lo hace", nos dijo Tsukamoto.